Fin de hostigamiento judicial contra Luis Miguel Llanos Carrillo

Actuando en legítima defensa, Luis Miguel Llanos Carrillo abatió en diciembre de 2011 a dos delincuentes armados, Sebastián Anchante Pérez y Luis Santos Silva Requena, tras descubrirlos in fraganti, atacando a quien era en ese momento su novia, Andrea Voto-Bernales Larraín. Voto-Bernales esperaba a Llanos en el interior de su camioneta Kia Sportage (placa A3U-536), en la segunda cuadra del jirón Trípoli, en el distrito de Miraflores (Lima, Perú), cuando Silva y Anchante, ambos con antecedentes criminales, la emboscaron y amenazaron de muerte, la sometieron por la fuerza, le arrebataron algunas prendas de oro y empezaban a introducirse al vehículo, acción que se vio interrumpida por la aparición de Llanos en la escena del delito. Silva y Anchante actuaban junto con otros dos delincuentes, que permanecían en roles de "campana" (vigilancia y alerta) desde el vehículo en el que se transportaban, un Nissan rojo, de placa CQI-873, robado un mes antes. Uno de ellos abrió fuego contra Llanos, y se inició una balacera en la que Silva y Anchante resultaron heridos, fueron abandonados por sus compañeros de delito y murieron, en momentos en que recibían asistencia médica. Tras un proceso judicial empañado por solicitud de sobornos (registrados en video) y desaparición de pruebas, un año después de los hechos, la fiscal Isabel Cristina Huamán García denunció penalmente a Llanos, por homicidio simple y encubrimiento real, cargos que podrían significar hasta 20 años de cárcel. En tanto, los dos cómplices de Silva y Anchante, Luis Moreno (alias ‘Chaíto’) y Álex Cavagnari (alias ‘Rosito’), integrantes, como los occisos, de la banda Los Charlies de Breña, permanecen libres y sin ser interrogados. Luis Miguel Llanos es un joven empresario y reconocido deportista peruano, experto en artes marciales, que hoy enfrenta este panorama: 20 años de cárcel por frustrar un atraco o posible secuestro a mano armada, y responder el fuego de cuatro delincuentes armados. En el Perú y en toda Latinoamérica se está convirtiendo en práctica común que se pretende respetar "los derechos humanos" de criminales que no respetan los derechos de sus víctimas. Nuestros sistemas policiales y judiciales se revelan una y otra vez incapaces de garantizar los bienes, la integridad física y las vidas de los ciudadanos honestos y trabajadores, cada vez más vulnerables ante la acción del hampa. En cambio, es común que policías y jueces muevan diligentemente el aparataje burocrático y sancionador del Estado para su propio lucro personal, oliendo cada oportunidad para recibir una coima. Esta firma es contra el abuso de poder desde las instancias a las que corresponde administrar Justicia, y por el endurecimiento de las leyes contra la delincuencia. No es solo el caso de la batalla legal de Miguel Llanos. Es la realidad del corrupto sistema en el que convivimos, y que es nuestro derecho y nuestro deber corregir. Esta firma es una declaración de que no aceptaremos silenciosamente el abuso, la corrupción y la injusticia.