No a la impunidad de los 10 militares acusados de la masacre de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó

A cinco años de la masacre en la Comunidad de Paz de San José de Apartadò pedimos que los responsables no queden en la impunidad
21 de febrero de 2005 21 de febrero de 2010.


Señores:

En todo el mundo, ciudadanos y ciudadanas de Colombia y otros países, solidarizados con las comunidades de campesinos y campesinas de este país que cotidianamente deben soportar afrentas y agresiones realizadas por miembros de la fuerza pública en contra de sus derechos inalienables, expresamos nuestra indignación por la manera en que el Estado colombiano ha venido obstaculizando el proceso judicial mediante el cual se espera la penalización de los acusados de crímenes de lesa humanidad por la masacre del 21 de febrero del 2005 en la que 8 miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó fueron asesinados cruentamente.

Desde que el crimen se cometió, la comunidad internacional no ha cesado de escribir peticiones y enviar comunicaciones a las autoridades colombianas para que no quede en la impunidad, como ha sucedido con los otros 197 que han sido perpetrados contra esta comunidad de civiles que lo único que pretenden, en su proceso de resistencia civil y noviolenta, es exigir al Estado colombiano el cumplimiento de la Constitución y, concretamente, el respeto por la Vida de sus miembros y su Derecho a vivir en Paz.

Desde el mismo momento en que se denunció la masacre perpetrada por efectivos del Ejército nacional en connivencia con los paramilitares, el Estado colombiano, representado por Usted, Señor Presidente, por el Fiscal de ese entonces, Luis Camilo Osorio y por el Ministro de Defensa cuando ocurrió la masacre, Señor Jorge Alberto Uribe, y muchos otros representantes gubernamentales, ha realizado una serie de afirmaciones contrarias a lo que los hechos hoy en día demuestran.

En primer lugar se negó la ubicación de las tropas en la zona el 21 de febrero del 2005, presentando mapas militares y documentos oficiales que hoy se reconocen como falsos. Asimismo, el Señor Luis Camilo Osorio, Fiscal de la Nación en el periodo 2002-2005, afirmó, una vez siendo embajador de Colombia en Italia, que dicha masacre la había realizado la guerrilla de las Farc en vista de la futura reinserción de Luis Eduardo Guerra a la vida civil mediante un programa presidencial. Esta acusación que consta en varias comunicaciones escritas como respuesta a las denuncias internacionales por dicho homicidio, además de ser falsa puede ser considerada una calumnia, ya que insinúa y crea la duda sobre la integridad de Luis Eduardo Guerra, quien en ese momento se desempeñaba como interlocutor de la Comunidad ante la Vicepresidencia para evitar la instalación del puesto de policía en predios de la Comunidad; como bien lo debe recordar el señor vicepresidente, Francisco Santos. También a Usted Señor Presidente, en varias ocasiones, Organizaciones como la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le han llamado la atención por sus intervenciones públicas en las que ha relacionado a la Comunidad de Paz como una organización cercana a la guerrilla.

Entonces, las noticias de los últimos días sobre la extracción y desaparición, en la sede de la Fiscalía nacional, de 9 cuadernos de pruebas acusatorias contra los militares procesados y, en consecuencia, la posible prescripción del tiempo del juicio debido a este hecho y a las estrategias de dilación de la defensa de los militares; de acuerdo con el contexto anteriormente descrito, nos inducen a pensar que igualmente pueden obedecer a estrategias de obstrucción de la justicia para evitar la asunción de responsabilidad penal tanto de los autores intelectuales como materiales de dicho magnicidio.

Ahora nos preguntamos, ¿cómo es posible que expedientes de tanta importancia para la seguridad nacional, desaparezcan sin ninguna explicación en la sede de la Fiscalía?, ¿Si esto ocurre en la misma sede del ente responsable de garantizar las medidas necesarias para la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial de las víctimas; qué se puede esperar de la justicia colombiana?

No está demás resaltar la gravedad de de dichos crímenes considerados de lesa humanidad, que hoy nuevamente pedimos que no queden en la impunidad, no solo por el acto mismo del delito sino que a éstos se le agregan otros agravantes, como por ejemplo el rol social y comunitario a favor de la paz de Urabá que desempeñaban varias de las víctimas, reconocidas tanto local como internacionalmente; la crueldad con la que fueron asesinados los tres menores de edad y, la naturaleza de quien supuestamente los cometió, miembros de la fuerza del orden y la seguridad. Es decir, los llamados a preservar la integridad y la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas de Colombia.

Señor Presidente y miembros del Gobierno colombiano, parece ser que el abogado defensor de los militares acusados por la masacre del 21 de febrero del 2005 poco comparte la opinión presidencial en contra de la prescripción de procesos y puesta en libertad de los imputados por caducidad de los tiempos, expresada en el comunicado del 12 de enero a través de su secretario de prensa, César Mauricio Velásquez. Puesto que en caso contrario no utilizarían las artimañas para beneficiarse del poco tiempo conferido a estos procesos según las normas del código penal colombiano.

Por eso, le solicitamos que como máxima autoridad del Estado, proceda a esclarecer los hechos mediante los cuales desaparecieron documentos de un expediente de sumario de un crimen en el que el mundo entero tiene puesto los ojos para evitar que de nuevo los culpables de éste queden en la impunidad.

El próximo 21 de febrero recordaremos que hace cinco años, tres niños, dos mujeres, un trabajador y dos líderes sociales fueron brutalmente descuartizados por miembros del Ejército nacional y hasta el momento no se ha aplicado justicia por este crimen de lesa humanidad.