Aborto y objeción de conciencia

"Sra. Consejera de Salud de la Junta de Andalucía:
En respuesta a sus declaraciones sobre la intención de legislar en Andalucía
sobre el aborto y la Objeción de Conciencia (OC) de los sanitarios del SAS,
desde nuestra asociación Persona, Familia y Sociedad (PFS) queremos
manifestarle lo siguiente:
La OC es un derecho fundamental, reconocido por la Constitución Española,
por la Declaración Universal de Derechos Humanos, por el Convenio Europeo
para los Derechos Humanos, por la Carta Europea de los Derechos
Fundamentales, por la Resolución 1763 (2010) de la Asamblea Parlamentaria
del Consejo de Europa y por importantes sentencias (como la nº 53/1985, del
Tribunal Constitucional).  Como tal derecho fundamental, emana directamente
de la Constitución y debe ser entendido de manera amplia sin que sea
necesaria mas legislación al respecto. La Junta de Andalucía no tiene
competencias para legislar sobre derechos fundamentales.
De nada vale, por tanto, el intento de  dictar normas sobre la OC en nuestra
Comunidad Autónoma utilizando la vía de las competencias sanitarias
transferidas. Mucho nos tememos que lo que quizás se pretenda sea restringir
el derecho a la OC a los profesionales sanitarios andaluces bajo la apariencia
de regularlo. Nos induce a pensar así el ser sanitarios andaluces objetores en
conciencia al aborto a quienes se nos intenta impedir el derecho a objetar, lo
que nos ha obligado a iniciar  varios recursos judiciales por protección de
derechos fundamentales. Como Ud. probablemente ya sabrá, la mayoría de los
autos y sentencias dictados hasta el  momento nos es favorable y, cuando
algunos han sido desfavorables (en una minoría de los casos) al recurrirlos, el
TSJA está fallando a nuestro favor. ¿Son precisamente éstos hechos los que
les están llevando a considerar la  elaboración de leyes de OC, quizás más
restrictivas?.
Pero hay más, Sra. Consejera, algo muy importante, algo que parece no
haberse comprendido suficientemente aún, y es que las conciencias no sólo no
pueden ser "adecuadas" por medio de las leyes, sino que es justo todo lo
contrario, que, en materias de suficiente importancia y calado moral, como la
del aborto, son las conciencias las que se alzan antes las leyes cuando éstas
no son las que se adecuan a ellas. Máxime si, además, con tales regulaciones
legales lo que se pretende es, precisamente, acallar esas conciencias.
Como en el caso de la OC, no se  puede disfrazar el aborto de prestación
sanitaria para "garantizar" el acceso al mismo en Andalucía; tampoco tienen las
CCAA competencias para legislar sobre el aborto en contraposición al gobierno central. Aunque lo realicen médicos, jamás será el aborto un acto médico, pues
se consideran como tales las acciones  encaminadas a proteger la vida y la
salud y el aborto supone la muerte de un embrión o un feto humano. Por este
mismo motivo, las prestaciones sanitarias sólo deben conllevar acciones
destinadas a proteger la vida y/o la salud si quieren considerarse legitimadas; y
no deberán basarse jamás en una ideología determinada, la de genero en éste
caso, que niega al ser humano embrionario o fetal el derecho mas elemental, el
derecho a vivir, a nacer.
No es progreso el aborto porque es una acción encaminada a eliminar al ser
vivo más necesitado de protección; y, por contra, no sólo no es reaccionario ni
retrógrado oponerse a ello sino todo lo contrario, es un avance significativo en
la lucha por la consecución de los derechos humanos. Nuestra actitud es provida y presentar nuestra opción solo como un intento de negar derechos a la
mujer es ofrecer a la sociedad una visión sesgada y falsa sobre nosotros.
 
Sra. Consejera, el aborto tiene consecuencias y son tanto médicas, como
éticas y económicas. El aborto no puede ser considerado jamás un método
anticonceptivo más, pues ello, entre cosas, revelaría el fracaso de las políticas
educativas en materia de sexualidad de la Junta de Andalucía: 17.300 abortos
de media al año entre 2001 y 2010 dan una cabal muestra de ello. Los 173.376
abortos de ese decenio supondrían la desaparición de una cantidad superior a
los habitantes de la ciudad  de Almería. Y su número no decrece, pues en el
año 2011 se contabilizó un nmero de abortos superior a 24.000. Son cifras que
deben llamar a la reflexión.
Por todo lo anterior, a través de la asociación PFS, los abajo firmantes
queremos manifestarle nuestro rechazo a que en Andalucía se promulguen
leyes como las anunciadas sobre el aborto y la OC y, respetuosamente, le
solicitamos que no se lleven a cabo."