Asociación Persona, Familia, Sociedad

  "Sra. Consejera de Salud de la Junta de Andalucía: En respuesta a sus declaraciones sobre la intención de legislar en Andalucía  sobre el aborto y la Objeción de Conciencia (OC) de los sanitarios del SAS,  desde nuestra asociación Persona, Familia y Sociedad (PFS) queremos  manifestarle lo siguiente: La OC es un derecho fundamental, reconocido por la Constitución Española,  por la Declaración Universal de Derechos Humanos, por el Convenio Europeo  para los Derechos Humanos, por la Carta Europea de los Derechos  Fundamentales, por la Resolución 1763 (2010) de la Asamblea Parlamentaria  del Consejo de Europa y por importantes sentencias (como la nº 53/1985, del  Tribunal Constitucional).  Como tal derecho fundamental, emana directamente  de la Constitución y debe ser entendido de manera amplia sin que sea  necesaria mas legislación al respecto. La Junta de Andalucía no tiene  competencias para legislar sobre derechos fundamentales. De nada vale, por tanto, el intento de  dictar normas sobre la OC en nuestra  Comunidad Autónoma utilizando la vía de las competencias sanitarias  transferidas. Mucho nos tememos que lo que quizás se pretenda sea restringir  el derecho a la OC a los profesionales sanitarios andaluces bajo la apariencia  de regularlo. Nos induce a pensar así el ser sanitarios andaluces objetores en  conciencia al aborto a quienes se nos intenta impedir el derecho a objetar, lo  que nos ha obligado a iniciar  varios recursos judiciales por protección de  derechos fundamentales. Como Ud. probablemente ya sabrá, la mayoría de los  autos y sentencias dictados hasta el  momento nos es favorable y, cuando  algunos han sido desfavorables (en una minoría de los casos) al recurrirlos, el  TSJA está fallando a nuestro favor. ¿Son precisamente éstos hechos los que  les están llevando a considerar la  elaboración de leyes de OC, quizás más  restrictivas?. Pero hay más, Sra. Consejera, algo muy importante, algo que parece no  haberse comprendido suficientemente aún, y es que las conciencias no sólo no  pueden ser "adecuadas" por medio de las leyes, sino que es justo todo lo  contrario, que, en materias de suficiente importancia y calado moral, como la  del aborto, son las conciencias las que se alzan antes las leyes cuando éstas  no son las que se adecuan a ellas. Máxime si, además, con tales regulaciones  legales lo que se pretende es, precisamente, acallar esas conciencias.  Como en el caso de la OC, no se  puede disfrazar el aborto de prestación  sanitaria para "garantizar" el acceso al mismo en Andalucía; tampoco tienen las  CCAA competencias para legislar sobre el aborto en contraposición al gobierno central. Aunque lo realicen médicos, jamás será el aborto un acto médico, pues  se consideran como tales las acciones  encaminadas a proteger la vida y la  salud y el aborto supone la muerte de un embrión o un feto humano. Por este  mismo motivo, las prestaciones sanitarias sólo deben conllevar acciones  destinadas a proteger la vida y/o la salud si quieren considerarse legitimadas; y  no deberán basarse jamás en una ideología determinada, la de genero en éste  caso, que niega al ser humano embrionario o fetal el derecho mas elemental, el  derecho a vivir, a nacer. No es progreso el aborto porque es una acción encaminada a eliminar al ser  vivo más necesitado de protección; y, por contra, no sólo no es reaccionario ni  retrógrado oponerse a ello sino todo lo contrario, es un avance significativo en  la lucha por la consecución de los derechos humanos. Nuestra actitud es provida y presentar nuestra opción solo como un intento de negar derechos a la  mujer es ofrecer a la sociedad una visión sesgada y falsa sobre nosotros.    Sra. Consejera, el aborto tiene consecuencias y son tanto médicas, como  éticas y económicas. El aborto no puede ser considerado jamás un método  anticonceptivo más, pues ello, entre cosas, revelaría el fracaso de las políticas  educativas en materia de sexualidad de la Junta de Andalucía: 17.300 abortos  de media al año entre 2001 y 2010 dan una cabal muestra de ello. Los 173.376  abortos de ese decenio supondrían la desaparición de una cantidad superior a  los habitantes de la ciudad  de Almería. Y su número no decrece, pues en el  año 2011 se contabilizó un nmero de abortos superior a 24.000. Son cifras que  deben llamar a la reflexión. Por todo lo anterior, a través de la asociación PFS, los abajo firmantes  queremos manifestarle nuestro rechazo a que en Andalucía se promulguen  leyes como las anunciadas sobre el aborto y la OC y, respetuosamente, le  solicitamos que no se lleven a cabo."