En Colombia se continúan desarrollando de forma grave la guerra, la impunidad y las violaciones a los derechos humanos.
Los asesinatos en Colombia por razones políticas, las personas desaparecidas, desterradas y los costos de la guerra en términos sociales, económicos, culturales y éticos configuran una catástrofe que será heredada por las nuevas generaciones de esta nación latinoamericana si no se actúa de manera decidida para buscar una solución política al conflicto.
Quienes firmamos esta carta consideramos que el conflicto colombiano no se resuelve con más guerra. Creemos que es necesario allanar el camino que conduzca a que sean reconocidos los derechos del pueblo colombiano a tener una vida digna, en paz y en democracia. En consecuencia demandamos al Estado colombiano y a la insurgencia armada para que en una demostración de voluntad real de paz configuren el escenario idóneo para adelantar inmediatamente conversaciones.
La paz es un asunto de todas y de todos que no atañe únicamente a la guerrilla y al Estado. La participación de la sociedad colombiana en su conjunto es un requisito indispensable para construir una paz duradera.
Apoyamos a quienes desde diferentes sectores, desde diferentes partes del mundo, se vienen movilizando para alcanzar una solución política al conflicto porque será la participación activa de la sociedad la que ayude a construir alternativas que dinamicen la consecución de la paz y el ejercicio pleno de los derechos humanos.