Defensa de los DDHH de los indígenas brasileños

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Brasil.

Descripción de la situación

El Observatorio ha recibido con preocupación informaciones del Centro de Justicia Global y del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (Movimiento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST) sobre las amenazas de muerte en contra del Sr. Erwin Krautler, obispo de la región del Xingu, activista de derechos humanos en el Estado brasileño Pará y presidente del Consejo Indigenista Misionero (CIMI).

De acuerdo con las informaciones, durante el mes de diciembre de 2006, en fecha no precisada, el obispo Erwin Krautler recibió una amenaza de muerte a través de una llamada telefónica anónima en la que el interlocutor dijo que sería asesinado el 29 de diciembre 2006, al parecer en medio de un viaje misionero que el obispo debería realizar al municipio de Gurupá, en la región paraense del Marajó.

El 26 de diciembre de 2006, el Ministerio Público Federal (MPF) en Pará encaminó un pedido a la Policía Federal para que dicha llamada y amenaza fuera investigada. En un oficio enviado al Superintendente Regional de la Policía Federal en Pará, José Ferreira Sales, el buscador-jefe de la Procuradoría de la República en el Estado, Felício Pontes Júnior, solicitó que, frente a la amenaza, sea emprendida diligencia por la Comisaría de Policía Federal en Altamira, Pará, para que se recoja mayores informaciones y se evite la tragedia anunciada.

Por su parte, el 3 de enero 2007, el obispo Erwin Krautler prestó declaración en la Policía Federal del municipio de Altamira. Según las informaciones, el religioso se encuentra actualmente bajo custodia policial. Por su parte, la Policía Federal instauró un proceso para investigar el origen y los autores de las amenazas y buscar a otras personas para que presten declaración sobre el caso.

Las amenazas contra el obispo Edwin Krautler, se acrecentaron a finales del año 2006, después que él denunciara a personas que promueven el abuso sexual y la prostitución infantil en la región, incluyendo ex-concejales, médicos, comerciantes, o sea, gente que hasta la fechan aprovechó de su posición social y de sus medios económicos para que siempre se abandonaran las diligencias en su contra. El obispo Erwin Krautler también ha estado denunciando la impunidad que persiste frente al asesinato de la misionera Dorothy Stang llevado a cabo por pistoleros en el año 2005. Respecto a ese caso fueron acusadas cinco personas, de las cuales tres continúan en libertad.

Además, esas amenazas podrían también ser relacionadas con sus posiciones contra la construcción de plantas hidroeléctricas en la ciudad brasileña de Belo Monte, en el Estado de Pará.

El Observatorio recuerda que pocos días antes de la amenaza, el día 22 de diciembre 2006, don Erwin recibió de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB) el premio José Carlos Castro de Derechos Humanos por su actuación en defensa de la vida y del medio ambiente del pueblo de Amazonia. Este premio fue instituido el año de 2003 por la Seccional de la OAB, en homenaje al primer presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad.

El Observatorio manifiesta su seria preocupación por la grave situación de inseguridad que sufren los defensores de derechos humanos en Brasil, en particular, los militantes que se dedican a hacer campaña por la defensa de las poblaciones autóctonas, los derechos de propiedad de la tierra y contra la esclavitud, quienes son a menudo objeto de detención arbitraria, amenazas de muerte, acoso e intimidaciones, con el fin de presionarlos a que abandonen su actividad.

Contexto y antecedentes de la situación:

De acuerdo con las informaciones, no es la primera vez que el obispo Erwin Krautler ha sido amenazado. Ya a comienzos del mes de octubre 2006, en la ciudad de Altamira, fue distribuida una carta anónima contra el obispo Edwin Krautler. En la misma, se pidió a los habitantes que enviaran el documento firmado para la Cámara de Concejales de Altamira, pidiendo que el obispo fuera transferido de la región por la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil. La entidad brasileña Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) hizo llegar la carta que contiene amenazas contra el mencionado obispo al Fiscal de la Nación, Marco Antônio, y también a la Defensoría Pública con el fin de que se realizara la respectiva investigación de los hechos.

Una semana antes de la distribución de esa carta, en la ciudad de San Félix de Xingú, también en Pará, el concejal Gerson Cristo había sido asesinado por pistoleros. Él denunciaba la corrupción de la Cámara de Concejales, la apropiación ilegal de tierras y la explotación ilegal de madera en la Amazonia.

Acción solicitada

Favor dirigirse a las autoridades de Brasil urgiéndoles a:

i. adoptar urgentemente las medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica del obispo Erwin Krautler, de todos los miembros del Consejo Indigenista Misionero (Cimi), y de todos los defensores de derechos humanos en Brasil;
ii. llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a los hechos arriba denunciados, en particular a las amenazas en contra del obispo Erwin Krautler, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;
iii. asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos (Art.1), así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia o represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración (Art.12.2);
iv. de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto en los Pactos y Convenciones Internacionales de derechos humanos ratificados por Brasil.