.'.ALTO A LOS JUECES MEXICANOS QUE PERMITEN LA VIOLENCIA VS LAS MUJERES.'.

Diciembre de 2009.
Presidente de la República, H. Congreso de la Unión, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Procuraduría General de la República (PGR-FEVIMTRA), Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos-México (OACNUDH), Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer-Oficina Regional para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana (UNIFEM), Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer-México, Cuba y República Dominicana (CEDAW).
Presente.
Soy Adriana Leonel de Cervantes Ascencio, y con fundamento en el artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados suscritos por el Estado Mexicano en la materia, les solicito su intervención, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, para solucionar mi problema como víctima de violencia laboral (acoso o mobbing) y discriminación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Institución en la que laboro desde el año 2002. Aún sigo empleada en dicha institución, sin embargo, me encuentro con licencia médica desde el mes de junio del presente año por un accidente ocurrido en las mismas instalaciones de la Suprema Corte. Esta violencia laboral y mi ausentismo en el trabajo por diversas cirugías a partir de mi accidente, destruyeron mi carrera profesional, que hasta el momento había sido intachable.
Todo empezó el nueve de julio de 2008 cuando comencé a laborar en la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad, bajo las órdenes del Licenciado Marco Antonio Cepeda Anaya. En ese ambiente hostil comencé a sentirme acosada, teniendo que soportar la carencia de apoyo en el ámbito laboral y las faltas de respeto, algunas de las cuales se trataban de insinuaciones sexuales.
Según el Artículo 10 del segundo capítulo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como violencia laboral (LGAMVLV), la violencia laboral es ejercida por personas que tienen un vínculo establecido por el trabajo y consiste en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad, señala esta legislación. Asimismo, refiere que puede tratarse de un solo evento perjudicial o en una serie de acontecimientos cuya suma produce el daño. También incluye el acoso y el hostigamiento sexual.
Con estos sucesos, se acrecentó el distanciamiento con mi superior y mis colegas, las presiones y humillaciones de parte de Marco Antonio Cepeda Anaya se hicieron insostenibles provocándome un gran estrés, empecé a padecer crisis severas de migrañas y colitis tensionales, hasta el punto de sufrir un colapso nervioso, y a pesar de ello, el licenciado Cepeda se molestaba, y comentaba que las cosas en el trabajo no funcionaban bien debido a mis ausencias e insinuó que yo lo hacía a propósito.
A la fecha, debo tomar diversos antidepresivos, ansiolíticos, pastillas para dormir, medicamentos que no me son cubiertos por mi seguro de gastos médicos mayores, por tratarse de medicamentos para trastornos psicológicos.
El 21 de abril de 2009 tuve que ser atendida de urgencia en el servicio médico de la corte, me pusieron suero e inyectaron, me dieron diversos medicamentos y llamaron a un familiar para que fuera por mí ya que no podía mantener el equilibrio. El doctor me recomendó que fuera al neurólogo y al psiquiatra.
Al día siguiente sufrí un desvanecimiento en la oficina y la caída me ocasionó un fuerte golpe, rompiéndome algunas vértebras cervicales, accidente por lo que tuve que ser operada dos veces en el año y a partir de esa fecha los dolores en el brazo izquierdo, cuello y espalda son parte de mi cotidianeidad, además de cirugías realizadas en ambas piernas. La migraña y la depresión hasta hoy forman parte de su cotidianidad.
Este hecho la caída en las instalaciones de la Suprema Corte- no fue considerado como accidente laboral debido a que el personal médico de la Corte no diagnóstico fractura: sólo me sugirieron untarme una pomada para quitar el dolor y tomarme unas pastillas desinflamatorias. Y fue hasta la tercera consulta en el Servicio Médico, aproximadamente, cuando finalmente optaron por mandarme sacar unas radiografías para descartar una lesión cervical, lo cual, como se explicó líneas arriba, fue por lo que fui intervenida quirúrgicamente. Me pusieron dos vértebras falsas, fijadas con una placa de titanio y cuatro tornillos.
Además de ello, también sufrí una caída por las migrañas y por la falta de equilibrio derivada de la operación de cervicales, por lo que, como se señaló, también he sido intervenida dos veces del pie izquierdo, y una en la rodilla derecha.
Así, he estado de incapacidad desde mediados del mes de junio de 2009. Los primeros cuarenta y cinco días recibí mi salario completo; los siguientes, la mitad del sueldo, y de noviembre a la fecha no percibo remuneración alguna.
El 13 de mayo de 2009 el licenciado Cepeda nos mandó llamar a todos los abogados para que buscáramos un expediente perdido de la controversia constitucional 118/2008. Por comentarios e indirectas, dio a entender que yo había sustraído el expediente, aún cuando tal documento no estaba bajo mi resguardo. Personal del área de Intendencia vino a revisar mi oficina incluyendo el techo, confirmando que el expediente no se encontraba y aún así, el 14 de mayo, el licenciado Cepeda me comunicó que se mandaría a el área de Contraloría un acta circunstanciada de hechos relativa a la supuesta pérdida del expediente, el cual curiosamente estaba bajo la responsabilidad de un compañero de trabajo de quien sufrí hostigamiento sexual.
Dos semanas después intenté solucionar todo este asunto conversando con el licenciado pero el insistió en gritarme que yo había cometido un grave error al desafiar a su equipo, por lo que yo ya no tenía cabida en este lugar, hizo uso de su condición de mi superior jerárquico y específicamente expresó que ultimadamente él era sobrino del Presidente de la Corte, haciendo alarde de su posición político-familiar que lo vincula con el Ministro Guillermo Ibero Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amenazando con perjudicar mi carrera judicial. Acto seguido, me corrió de su oficina y salí llorando.
Fiel a su promesa de demostrarme que yo no tenía ninguna cabida en su área, como en otras ocasiones, cambió mis labores, dejando de lado el nombramiento de Asesora con el que cuento, ya que eran labores secretariales las que me encomendaba, y el 18 de junio pasado, me comunicó mi trasladó al área de Biblioteca y Archivo, dejando en mi lugar a una abogada sin experiencia.
El 22 de septiembre presenté una denuncia penal en contra del licenciado Cepeda ante la Procuraduría General de la República, específicamente en la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA). La denuncia en FEVIMTRA es por abuso de poder, ya que pese a que existe la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como violencia laboral (LGAMVLV) en el país, la FEVIMTRA señaló que la violencia laboral, no es un delito establecido en el código penal y, por lo tanto, no pueden procesar a mi agresor.
Además el 09 de noviembre presenté mi queja ante la Comisión de Equidad y Género de la Corte, sin embargo, hasta la fecha no me ha llegado la notificación de admisión del recurso y lo que es peor, me tuve que enterar por el periódico El Universal que la habían prejuzgado y desestimado porque yo tenía fama de utilizar faldas muy cortas, vestimenta escotada y ropa llamativa, lo cual es mentira, ya que no uso minifaldas, y de que hecho el último año he tenido que utilizar ropa de embarazada por los once kilos de peso que subí debido a las pastillas para controlarme la migraña y los nervios. Y de cualquier forma, aunque me hubiese vestido de aquella forma como mal señalaron en el periódico, el hecho de desestimar mi queja ante la Comisión por los motivos señalados, es un claro ejemplo de discriminación.
Por años fui torturada sicológicamente y mis agresores me presionaban constantemente para que renunciara a mi trabajo pero resistí por mucho tiempo debido a que soy una madre soltera y tenía que velar por el futuro de mi hijo, sin embargo, esta situación trajo consigo severas consecuencias físicas en mi persona, ha destruido mi carrera profesional y por ende ha perjudicado mi situación económica incluyendo el estado emocional de mi hijo de 4 años y familiares.
Todas estas conductas me provocan una enorme indignación e impotencia, la vil actitud del Licenciado Cepeda, el ejercicio abusivo de un poder y el tráfico de influencias que arrastran a una subordinada a sumirse en depresiones o desequilibrios físicos debiera ser conocido y condenado por las autoridades.
A la fecha sigo tomando diversos antidepresivos, ansiolíticos, pastillas para dormir, los cuales ya ni siquiera me son cubiertos por mi seguro de gastos médicos mayores, por tratarse de medicamentos para trastornos psicológicos. Soy madre soltera y mis padecimientos psíquicos afectaron también psicológicamente a mi hijo de cuatro años de edad, al igual que a mis padres.
Y aunque mi caso ha sido ignorado por la justicia debido a que mis hostigadores son parientes y amigos de altos funcionarios de la Suprema Corte de Justicia, yo no me doy por vencida y doy a conocer mi verdad para que sirva de ejemplo y guía para quienes se interesen y en especial para aquellas mujeres que han vivido algo similar y aún no se atreven a denunciarlo.
Así pues, durante un año he sido torturada psicológicamente, con severas consecuencias de salud, para orillarme a renunciar a mi trabajo. ¿Dónde está el Estado de derecho en el que supuestamente vivimos los mexicanos? ¿Dónde está la obligatoriedad de respetar los tratados internacionales de derechos humanos, en especial de la mujer, firmados y ratificados por el Estado Mexicano? ¿Mi caso quedará impune sólo porque mis hostigadores son parientes y amigos de altos funcionarios de la Suprema Corte de Justicia?
Por lo expuesto, la suscrita, así como l@s demás firmantes les pedimos su intervención, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, para solucionar éste y demás problemas de de violencia laboral (acoso o mobbing) y discriminación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendiendo así a esta importante demanda popular.
Atentamente,