Carta Abierta al Estado Chileno: ¡Fin a la Violencia estructural y al racismo institucional chileno contra los Pueblos Indígenas!

Quienes suscriben, expresamos nuestra preocupación por la grave situación que enfrentan los Pueblos Originarios en Chile:


Los Pueblos Originarios han sido -y son-, objeto de políticas racistas, asimilacionistas y genocidas. Esta situación se expresa hoy en día, particularmente ligada a la ejecución de nefastos proyectos de industrias extractivas y energéticas en territorios indígenas, lo que atenta contra los derechos fundamentales de los mismos.

A esto se agrega el permanente abuso de grandes Corporaciones económicas, facilitado por el desmembramiento del tejido social indígena, producto de políticas sistemáticas de desconocimiento y destrucción de sus organizaciones tradicionales. El Estado impone estructuras y orgánicas ajenas a sus tradiciones, cuestionando sus autoridades ancestrales, debilitando sus posibilidades de reacción y decisión frente a las amenazas de las que son objeto permanentemente.

El Estado chileno se ha encargado de criminalizar y estigmatizar las demandas de los pueblos orginarios, denominándolas como acciones terroristas. Esto ha significado el acoso permanente de fuerzas policiales y militares, en comunidades que denuncian y protestan por sus legítimos derechos.

Ante esta grave situación, hacemos un urgente llamado a las autoridades legislativas chilenas, para que implementen las medidas necesarias para terminar con estas prácticas sistemáticas de violaciones de Derechos Humanos, y asimismo, se comprometan a proteger efectivamente el medio ambiente y no avalar actividades industriales dañinas y contaminantes. Es su deber hacerlo.

Hacemos también un urgente llamado a retirar el actual Proyecto de Reforma Constitucional, que no recoge el sentir profundo y mayoritario de Pueblos Originarios en Chile; y que NO cumple con el estándar internacional sobre los Derechos Indígenas.

Con esta reforma se busca imponer, que la nación chilena es única e indivisible y negar que los Pueblos Indígenas sean sujetos y titulares de sus Derechos, reconociéndolos sólo en aspectos identitarios, culturales y folklóricos. Todo esto son actos de mala fe, de racismo institucional y contravienen flagrantemente la progresividad mundial en estas materias. De suceder, sería un enorme retroceso y una muy mala señal internacional.

Del mismo modo, conminamos a implementar como corresponde, el proceso de Consulta (al que el Estado Chileno se ha obligado mediante la firma del Convenio 169) sobre Reforma Constitucional. Esta Consulta debe atender a los mecanismos y formas de implementación, que han sido recomendadas por el propio Relator de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, Sr. James Anaya. Es decir, la Consulta debe ser libre, de buena fe, participativa, con el tiempo necesario y respetando las formas tradicionales de organización de los Pueblos Originarios.

Anhelamos también, por el bien de Chile y sus Pueblos, que existan las aperturas necesarias para que no se siga anclado al pasado con una constitución hecha en su origen por poderes de facto y dictatorial; y se abra un nuevo proceso constituyente, se terminen los reformismos y se asuman temas de fondo para la transformación de un Estado tendiente a una mayor y mejor democracia, participación, inclusión, respeto y tolerancia, bajo la premisa del reconocimiento de su diversidad y resguardo a las soberanías de los Pueblos.