El pasado 29 de noviembre de 2010, Colombia Diversa en alianza con el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia) y con el respaldo activo de diversas personas, organizaciones sociales y de derechos humanos y de académicos y expertos jurídicos, gestionó y presentó, ante la Corte Constitucional, una demanda por inconstitucionalidad para el reconocimiento del derecho al matrimonio civil de las parejas del mismo sexo.
Las firmas que acompañan esta declaración pertenecen a personas colombianas que se suman a la demanda presentada. Expresan su respaldo a los argumentos que defienden la constitucionalidad del reconocimiento del matrimonio civil como un derecho de las parejas del mismo sexo, tal y como es reconocido en el caso de las parejas heterosexuales. La ausencia de este reconocimiento es inconstitucional y no corresponde con los tratados internacionales de derechos humanos que comprometen al Estado colombiano.
Esta demanda interpuesta por Colombia Diversa y Dejusticia ha pretendido representar el legado de decenas de líderes y liderezas, de organizaciones y de la comunidad LGBT en Colombia, que durante décadas han luchado para que sus argumentos sean atendidos y las leyes reconozcan sus derechos. Ha sido construida sobre todas esas voces que han reiterado de múltiples maneras y ante todas las instancias posibles de acción y decisión en la materia, que ellas y ellos – ciudadanos y ciudadanas plenos en deberes- deben tener -no más ni menos-, sino exactamente los mismos derechos humanos con que cuentan las personas colombianas heterosexuales.
No obstante, mientras que las demandas por los derechos LGBT y de las parejas del mismo sexo, han sido llevadas a explorar un sinfín de formas argumentativas y jurídicas, sus principales opositores han reiterado discursos muy similares a los que durante siglos demoraron reconocimientos históticos y en su momento polémicos y transgresores como los del voto femenino o el levantamiento de la esclavitud, entre muchos. Como en esos casos, la interpretación religiosa sobre lo que es “natural” y sobre lo que es malo o es bueno, sigue pidiendo la palabra en muchas de las instancias donde hoy se discuten los derechos humanos LGBT.
Por consiguiente, las personas que firman esta declaración pública recuerdan a los magistrados de la Corte Constitucional su compromiso con la imparcialidad, al momento de diferenciar los argumentos jurídicos de aquellos fundados en el prejuicio.
Las personas firmantes reconocen el principio de Igualdad ante la ley, como un imperativo constitucional.