En los últimos meses, estamos viviendo en el Estado Español la pérdida de una de las más importantes conquistas del siglo XX: una Sanidad Pública, Universal, gratuita en el momento del uso, científicamente puntera, suficientemente dotada, con una cartera de servicios adecuada y con profesionales formados y formadas en la excelencia.
Pero los sucesivos gobiernos del PSOE, privatizando servicios del Sistema -y con más profundidad los gobiernos del PP o de los nacionalismos de derechas- han convertido este sueño en una pesadilla.
Dos leyes, la Ley 15/97 que permitía el acceso de nuevas formas de gestión, eufemismo usado en la práctica para privatización de servicios esenciales, y el ya terriblemente famoso Decreto 16/2012, han echado al traste las luchas que derivaron en la conquista de nuestra Sanidad Pública, acabando con tal carácter, negando la Universalidad, quitando prestaciones y provocando una auténtica hemorragia de despidos de profesionales.
Quizás lo más terrible es la nueva clasificación de la ciudadanía a la hora de acceder a los servicios no urgentes: Solo los asegurados, es decir, aquellas personas que hayan cotizado a la Seguridad Social por el tiempo adecuado, tienen ya derecho a la Sanidad Pública no urgente, es decir, al médico o enfermeras de familia, a pruebas diagnósticas programadas (análisis, radiografías…) y en definitiva, a una adecuada protección de su salud, como garantizan, no sólo la Constitución española, sino el más elemental sentido ético y de salud colectiva. Estamos hablando de inmigrantes en situación irregular, pero también de ciudadanas y ciudadanos españoles de más de 25 años que no hayan cotizado nunca, situación a la que por ejemplo se han visto obligados miles de becarios o parados que han agotado sus plazos de prestación.
Atacando desde una posición aséptica de “rentabilidad a toda costo” de los actuales dirigentes, se soslayan, -cuando no directamente se niega- la humanidad de la construcción social colectiva. Obnubilados por cifras macroeconómicas que sólo parecen querer salvar a banqueros ladrones, aristócratas estafadores y a directivos multimillonarios, una vez más la ciudadanía es desposeída de derechos básicos con la esperanza de que permanezcamos dóciles y en silencio.
Hay que romper el silencio.
Por todo ello, ciudadanos y ciudadanas conscientes, MANIFESTAMOS:
1.- Que somos contrarios a la NO ATENCION a las personas inmigrantes que viven y trabajan en nuestro país, -sea cual sea su situación-, a la que tienen derechos como ciudadano del mundo, así como a los ciudadanos/as españoles que por circunstancias laborales no han cotizado a la Seguridad Social.
2.-Que nos oponemos radical y diametralmente a las nuevas legislaciones sanitarias y sus reglamentos que sacan del sistema de protección de la salud a decenas de miles de personas que deberían tener acceso a ella, como DERECHO UNIVERSAL QUE ES, reconocido por las Naciones Unidas, al margen de origen o situación legal.
3.-Que pediremos a nuestros médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, fisioterapeutas y demás personal sanitario que sigan atendiendo a estas personas, declarándose en rebeldía de la manera adecuada, a través de las campañas puestas en marcha por sociedades científicas como SEMFyC o de cualquier otra manera que consideren.
4.-Que pedimos el boicot electoral a las formaciones políticas que no recojan en sus programas la Sanidad enteramente Pública, libre de privatizaciones o externalizaciones en su propiedad, provisión o gestión, así como la oposición al re-pago por asistencia sanitaria en el momento del uso.
5.-Que uniremos fuerzas con cuantas personas que consideren -como nosotros y nosotras- que la humanidad, la justicia y la libertad, sólo se garantizan en lo sanitario mediante la apuesta por las políticas de SANIDAD PÚBLICA, UNIVERSAL Y GRATUITA EN EL MOMENTO DEL USO que defendemos.